Una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, coordinada por la Fiscalía Europea, ha resultado en la desarticulación de una organización criminal presuntamente responsable de un fraude de 32,8 millones de euros vinculado al comercio de bebidas alcohólicas.
Detenciones e incautaciones
La intervención ha culminado con la detención de 18 miembros de la organización, incluidos sus cinco cabecillas. En el marco del operativo, se realizaron registros en 12 ubicaciones repartidas entre Barcelona, Tarragona y Valencia, afectando a empresas, domicilios de los investigados y depósitos fiscales. Asimismo, se llevaron a cabo actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica.
Como resultado de las diligencias, las autoridades han procedido a:
- Bloquear numerosas cuentas bancarias de personas y sociedades.
- Incautar 40 propiedades inmobiliarias y diversos vehículos.
- Intervenir más de 430.000 euros en efectivo.
- Decomisar múltiples dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.
El mecanismo del fraude
La investigación reveló que la red operaba a través de un entramado de empresas pantalla en España, Bélgica y Portugal. El sistema se basaba en el uso de facturación falsa para evadir los impuestos derivados de la importación y venta de alcohol en el mercado español.
El núcleo del fraude se localizaba en dos depósitos fiscales en España. En estas instalaciones, los productos se almacenan sin abonar impuestos inmediatos; el IVA se genera únicamente cuando la mercancía sale para su distribución. En ese punto, intervenían «empresas fantasma» que adquirían el producto y asumían la obligación tributaria para luego desaparecer sin realizar el pago.
Posteriormente, la mercancía se revendía mediante una cadena de sociedades ficticias y facturas falsas para ocultar el rastro hasta su destino final. Según las estimaciones, esta actividad se desarrolló entre 2019 y 2025, perjudicando tanto al Estado español como al presupuesto de la Unión Europea.
Blanqueo y alcance internacional
Las pesquisas sugieren que los beneficios ilícitos podrían haber sido blanqueados, destacando que al menos una de las empresas implicadas mantenía vínculos con las Islas Turcas y Caicos. La operación ha contado con la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la colaboración de autoridades portuguesas y belgas. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
Fuente: sede.agenciatributaria.gob.es