El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al transporte ilegal de residuos peligrosos. La red trasladaba la mercancía en contenedores desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a diversos países africanos.
Detalles de la operación y personas investigadas
La operación ha resultado en la investigación de 32 personas y cuatro sociedades con sedes en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca. El grupo está siendo procesado por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La detección del tráfico fue posible gracias a la colaboración entre los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Santa Cruz de Tenerife y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, en La Palma, quienes observaron un flujo constante de contenedores hacia el continente africano.
Residuos y riesgos ambientales
En total, la organización transportó ilegalmente cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor conjunto estimado en 800.000 euros. Entre el material incautado se encuentran:
- Aparatos electrónicos y eléctricos: Principalmente motores y compresores de frigoríficos desechados sin descontaminar, lo que provoca la liberación de gases nocivos.
- Piezas de automóviles: Repuestos sin el tratamiento de descontaminación preceptivo.
- Extintores: Aproximadamente 38 toneladas.
- Vehículos: Turismos, camionetas y camiones exportados como mercancía de segunda mano mediante documentación falsa.
Modus operandi y estructura
El entramado estaba liderado por cinco personas. Dos residentes en Gran Canaria gestionaban la logística y documentación, mientras que tres residentes en Tenerife se encargaban del envío y la obtención de papeles, ya fueran legales o falsificados.
Para evadir las inspecciones y evitar la denegación de las exportaciones, la red utilizaba facturas falsas emitidas a través de varios negocios a nombre de terceros, algunos de los cuales desconocían la actividad criminal.
Marco legal
El traslado ilegal de residuos es un delito tipificado en el Código Penal desde 2015, con penas que oscilan entre los tres meses y un año de prisión, además de multas e inhabilitación profesional. Esta actividad contraviene además el Convenio de Basilea, tratado de las Naciones Unidas que busca controlar y reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.
Fuente: sede.agenciatributaria.gob.es
